Entrevistado por En Perspectiva, sostuvo que Uruguay debe atenerse “a los acuerdos vigentes, a lo que marcan las instituciones a las que representamos y a lo que señalan los tratados de los que somos parte”, dejando de lado el “voluntarismo personal”.

El jerarca también consideró importante aprobar un estatuto ambiental del río Uruguay para “actualizar” algunos temas. En cuanto a la relación con Argentina, indicó que “se ha comenzado a dar pasos” y se han resuelto algunos temas pendientes. “Uruguay va a cumplir el tratado al pie de la letra”, aseguró.

Emiliano Cotelo:

Poco más de dos horas le llevó al juez Peter Tomka, vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la lectura del fallo acerca de la denuncia presentada por Argentina contra Uruguay en mayo de 2006.

El resultado se conoce desde ayer al mediodía: Uruguay no tendrá que relocalizar la planta de celulosa de Botnia, como demandaba Argentina; ni siquiera tendrá que pagar una indemnización. La sentencia concluyó que la fábrica no ha afectado la calidad de las aguas del río Uruguay, ni su fauna ni su flora, y destacó que mediante los controles de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) nuestro país cumplió con la sustancia del Estatuto del Río Uruguay en cuanto a la preservación del medioambiente.

De todos modos, paralelamente, el tribunal señaló que Uruguay incumplió el Estatuto en sus aspectos de procedimiento. En particular, el dictamen remarca que, tratándose de proyectos industriales a instalarse sobre el río compartido, el gobierno de nuestro país no respetó los mecanismos de información y consulta a Argentina que debieron haberse realizado a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Poniendo el énfasis en un aspecto o en el otro del fallo, el pronunciamiento fue bien recibido por el gobierno del presidente José Mujica y todos los partidos políticos uruguayos, por un lado, y por otro por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. No conformó, sin embargo, a la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, cuyos voceros se muestran indignados y anuncian que pueden profundizar sus medidas de lucha.

Ayer al mediodía, apenas culminada la sesión en el Palacio de la Paz en La Haya, aquí en la cobertura especial de radio El Espectador tuvimos las primeras repercusiones. Analizamos la sentencia de la CIJ con el doctor Alejandro Pastori, experto en derecho internacional público, y con el politólogo Daniel Buquet, integrante de nuestras tertulias.

En otro plano, también consultamos al doctor Didier Opertti, quien fuera canciller en el gobierno del presidente Jorge Batlle cuando se inició el conflicto por las autorizaciones de los proyectos de ENCE y Botnia. Y hablamos también con jerarcas del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, que debió manejar la etapa siguiente de esta crisis; concretamente escuchamos a Belela Herrera, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, y a Alicia Torres, ex titular de la DINAMA.

Todas esas intervenciones están disponibles, en texto y audio, en nuestro sitio web, Espectador.com.

Hoy les proponemos avanzar y conocer cómo se planta en este nuevo escenario el tercer gobierno uruguayo que se que enfrenta a este conflicto: el gobierno de José Mujica, que asumió hace apenas 50 días.

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir ahora que se completó esta instancia clave en La Haya? ¿Se verán avances en lo inmediato?

Vamos a averiguarlo en entrevista con el embajador Luis Almagro, canciller de la República.

EC - ¿Dónde siguió el fallo? Usted estaba en Punta del Este participando en las reuniones del grupo de Cairns.

LUIS ALMAGRO:
Exactamente, estaba presidiendo las consultas con Estados Unidos al comenzar la lectura del fallo; luego pude ver la segunda parte en persona.

EC - ¿Cuál fue su primera reacción cuando terminó de escucharlo?

LA - Una sensación de tranquilidad, como la que teníamos antes de la lectura. Más o menos nos habíamos planteado la posibilidad de cuatro escenarios y que iba a estar en los dos escenarios centrales el fallo; eso nos daba mucha tranquilidad y mucha calma para esperar la lectura y luego, cuando se concretara, dentro de lo previsible, poder tomar las medidas y comenzar las gestiones correspondientes que hacen a la administración de este fallo.

EC - En el lado uruguayo se destaca que, según la CIJ, la planta de Botnia no contamina y no hay que desmantelarla. En Argentina se hace énfasis en que la CIJ concluyó que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay en aspectos de procedimiento. Para muchos entonces queda la sensación de un empate. ¿Usted qué dice?

LA - Es muy difícil medir esto en términos futbolísticos o incluso de ganar o perder. Lo habíamos dicho antes, lo importante era trabajar juntos después y que esto significara un buen marco de referencia que nos permitiera nuevas instancias de cooperación, un nuevo diálogo y la posibilidad de solucionar otros temas.

EC - ¿Para usted este es un fallo favorable a Uruguay?

LA - Es favorable a Uruguay en muchos sentidos, en otros no tanto. Es favorable en el sentido de que la sustancia del fallo contempla los intereses de nuestro país.

EC - La sustancia del fallo contempla los intereses de nuestro país…

LA - Sí, la verdad material, la verdad de fondo del fallo contempla los intereses de Uruguay, en el sentido de que no era necesario relocalizar la planta. Incluso la CIJ hace un análisis de los trabajos previos realizados por Uruguay para localizar la planta en ese lugar, y llega a la conclusión de que fue una buena selección. Y luego determina que la planta no contamina, lo cual también remueve las principales inquietudes que existían en la materia, no tanto para Uruguay como para Argentina, porque si la planta contaminara sería un problema incluso más fuerte para Uruguay que para la República Argentina.

EC - Usted, como abogado y diplomático, ¿comparte el análisis de la CIJ en cuanto a que Uruguay incumplió el tratado en aspectos de procedimiento al no informar y consultar de manera suficiente a Argentina, por medio de la CARU, sobre los proyectos de plantas de celulosa?

LA - Como abogado y como diplomático no tengo que compartir o no compartir, tengo que acatar. Eso es lo que vamos a hacer. Y esto deja enseñanzas muy buenas para el futuro de los trabajos tanto en la CARU como en la relación bilateral.

EC - ¿Usted hubiera procedido como lo hizo el gobierno del presidente Jorge Batlle?

LA - Yo no estaba ahí en ese momento, y las circunstancias en las que se actuó no son las mías ahora. Puedo hablar mucho con el diario del lunes, pero no sería ético que lo hiciera.

EC - El doctor Didier Opertti ha dicho en estos días que “era notorio que si llevábamos la decisión a una comisión binacional donde no hubiera acuerdo, entonces el proyecto no iba a avanzar. Uruguay no desconoció nunca a la CARU, simplemente se entendió que los estados podían actuar de forma paralela y hacer lo que la propia CARU no estaba en condiciones de resolver”.

LA - Esa es una opinión del doctor Opertti. Nosotros tenemos que acatar lo que nos dice la CIJ, y esta nos señala que debíamos haber ido por la CARU y que los acuerdos posteriores bilaterales que hubo, las reuniones bilaterales entre los cancilleres, no reemplazan al Estatuto del Río Uruguay. Esto es así, lo determina la CIJ ahora, y es a lo que nos tenemos que atener para el futuro.

EC - Y este veredicto que señala que Uruguay incumplió normas de procedimiento previstas en el Estatuto del Río Uruguay ¿afecta la imagen de nuestro país? Porque Uruguay busca insertarse en el mundo destacando su apego a la institucionalidad y el respeto a las leyes.

LA - Sí, y es así; no era un tema que no ameritaba ninguna discusión jurídica, la prueba está en que muchos estudios jurídicos a nivel mundial compartían los lineamientos que expuso Uruguay en su contestación. Por lo tanto el tema admitía dos opiniones en un principio. Ahora para mí no admite más que uno, y es que debo acatar el fallo y lo que dice.

EC - Ahora sí, si vamos a lo que usted comenzaba a desarrollar hace un par de minutos, ¿qué enseñanzas deja el conflicto con esta resolución ahora sobre la mesa?

LA - Deja la enseñanza de algo en lo que hemos insistido desde el principio: debemos trabajar en la institucionalidad, con los acuerdos vigentes y con nuestra normativa. Debemos hacer lo que nos marcan las instituciones a las que representamos, lo que señalan los tratados de los que somos parte y trabajar en las instituciones y no mediante el voluntarismo personal. Debemos procurar que estas instituciones sean lo más eficientes posibles, que resuelvan los problemas que tenemos por delante, y ajustarnos a las competencias que nos marcan.

EC - Por ejemplo, ¿qué implica el fallo hacia el futuro en cuanto a cómo manejar los permisos para inversiones en costas de ríos compartidos? Y no me refiero solo al río Uruguay, pienso también en el Río de la Plata.

LA - En ese sentido significa cumplir con lo que marcan los artículos 7 a 12 del Estatuto, simplemente eso.

EC - El artículo 7, por ejemplo, dice: “La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente y en un plazo máximo de 30 días si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte. Si así se resolviere, o no se llegare a una resolución al respecto, la parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra parte a través de la misma Comisión. En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra, y si fuere el caso el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas”.

LA - Exactamente, eso es lo que se debe cumplir en adelante.

EC - Pero cumplir un procedimiento como ese ¿no implica correr el riesgo del bloqueo?

LA - No, el mismo fallo de la Corte señala que no es necesaria la aprobación previa, que el país luego de la notificación puede comenzar la construcción a su cuenta y riesgo.

EC - Esa es otra conclusión interesante del fallo.

LA - Exactamente, no es necesaria la aprobación previa, es necesaria la notificación; fue ahí que nos mancamos según la Corte.

EC - El doctor Opertti dice que el fallo de ayer de la CIJ le adjudica a la CARU un lugar, una preponderancia discutible. “Yo no lo comparto, la CARU no es un organismo autónomo, tampoco lo son los representantes de cada gobierno en ese organismo binacional.”

¿Qué dice usted?

LA - Que tenemos el Estatuto del Río Uruguay que nos impone esta obligación que usted acaba de leer, y que además la CIJ cuando hace su lectura del fallo reconoce el principio de prevención y de especialidad de la CARU, y que no es un mecanismo facultativo que uno pueda utilizar a su gusto.

EC - Si pensamos en nuevas obras en el puerto de Nueva Palmira sobre el río Uruguay, ¿habrá que recorrer un camino como este?

LA - Definitivamente tenemos que cumplir, y se está cumpliendo. Se notificó, ya se han realizado las notificaciones correspondientes de los trámites que están en curso, se ha pedido ampliación de información, se está juntando la información y se manda, se está siguiendo el trámite.

EC - ¿Siempre ha sido así? El doctor Jorge Batlle en declaraciones que ha formulado en estas horas se ha preguntado si desde el año 75, cuando se firmó este tratado binacional, alguna vez alguien le comunicó a la CARU sus proyectos de inversión. Y menciona algunos ejemplos: “¿Alguien de la CARU fue informado sobre las miles de hectáreas sembradas en la margen argentina con soja, y el peligro de los productos químicos que terminan en las aguas del río? Si la conducta debería hacerse siempre, entonces los que nunca cumplieron con el tratado han sido los argentinos, nosotros nunca protestamos por esta constante inconsulta”.

¿Qué visión tiene usted de lo que ha ocurrido en esta materia hasta ahora?

LA - El Estatuto en su artículo 7 dice “realización de canales, modificación o alteración de los ya existentes, u otras obras de entidad”.

EC - “Otras obras de entidad suficiente como para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de las aguas.”

LA - Se refiere a obras, tenemos que ver si los sembrados entran dentro de la categoría “obras”; es algo un poco más discutible.

EC - Ese es un punto que hay que acordar, cuál es el alcance del artículo 7.

LA - Es una de las cosas en las que más se insistió en este tema, la necesidad de un estatuto ambiental para el río Uruguay que contemple cosas como las que dice el doctor Jorge Batlle. Eso es fundamental para el futuro y los trabajos conjuntos. En el año 75, el año del Estatuto, los temas ambientales tenían un nivel de desarrollo muy distinto que ahora, entonces tenemos que actualizar muchos de estos temas.

EC - Es necesario entonces negociar y aprobar un estatuto ambiental del río Uruguay.

LA - Sí, para nosotros definitivamente eso debe ser hecho.

EC - Ese es uno de los puntos en los que habrá que trabajar. Es interesante, porque hay que darles precisión a terminologías como estas que aparecen en el artículo 7, que en principio usted dice no comprenderían el caso de plantaciones de soja, por poner un ejemplo.

LA - Claro, porque dice “obras de entidad”, el término “obras” remite a infraestructura o planta, no a una acción concreta como es arar y sembrar.

EC - Es una observación a tener en cuenta. Pero si pensamos en el proyecto de planta de celulosa de Montes del Plata, la empresa que han formado Stora Enso y Arauco, que en principio piensa implantarse en Conchillas, departamento de Colonia, sobre el Río de la Plata, ¿qué obligaría a hacer un fallo como el de la CIJ de ayer?

LA - No voy a referirme concretamente a este caso porque requiere todavía análisis y estamos en una etapa bastante previa en su elaboración. Pero además de los informes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en un caso como este es necesario el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) a fin de evaluar en qué medida afecta o no los tratados vigentes, en este caso entre Uruguay y Argentina, pero podría ser en la zona fronteriza del otro lado o en nuestra plataforma continental. Se tiene que tener presente la opinión técnica de expertos en derecho internacional del MRE a fin de aprobar esos proyectos.

EC - ¿Eso no ha ocurrido en otros casos parecidos?

LA - Ha ocurrido, de hecho el caso de Botnia sí pasó por ahí, pero es algo que no necesariamente se tiene en cuenta, que no figura en la reglamentación vigente de Uruguay.

EC - En el caso de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), que sería la que tendría jurisdicción en el caso de la planta de celulosa de Stora Enso y Arauco, ¿están previstos mecanismos de información y consulta similares a los del río Uruguay?

LA - No con el mismo contenido ni con el mismo sentido, pero también existen obligaciones en el contexto del derecho internacional.

EC - Si se tiene en cuenta una sentencia como la de ayer, hay que suponer que Uruguay va a poner el esfuerzo en informar y consultar al máximo en esa materia.

LA - Sí, va a cumplir el tratado al pie de la letra.

***

EC - ¿Ya pudo hablar con su colega argentino, el canciller Jorge Taiana?

LA - No, todavía no hemos tenido la conversación con el canciller argentino.

EC - Estaba prevista para esta mañana, ¿no?

LA - Esta mañana lo llamaré, sí.

EC - ¿Qué pasos van a darse para dejar atrás este conflicto que ha afectado tanto las relaciones Uruguay-Argentina?

LA - Los pasos se han comenzado a dar. Si analizamos cómo ha evolucionado la situación en estos 50 días de gestión, vemos que algunos de los temas pendientes en materia de relaciones bilaterales con la República Argentina han ido resolviéndose.

EC - ¿Por ejemplo?

LA - La interconexión eléctrica a través de los fondos del FOCEM, el anuncio del canciller Taiana respecto a un segundo llamado a licitación para el dragado del canal Martín García.

EC - Esas eran dos decisiones argentinas que estaban pendientes, que estaban demoradas y que todo indica que estaban embargadas en función de este otro conflicto.

LA - No entro a analizar los análisis que por su parte haga la República Argentina. Sí eran temas a resolver en la agenda bilateral y han ido saliendo adelante. A nosotros esa actitud positiva nos sirve mucho, la valoramos y la apreciamos altamente.

EC - Usted decía que se han desbloqueado dos temas importantes que estaban pendientes en la relación con Argentina. ¿Qué falta?

LA - Faltan algunos proyectos más, falta el tema del bloqueo de los puentes, falta algún proyecto argentino.

EC - ¿Cómo es eso?

LA - Tenemos proyectos que están en el marco de la CARU, que son obras de infraestructura en nueva Palmira o en Concepción del Uruguay que requieren la aprobación de la CARU. Y después está el tema del gas boliviano que deseamos importar. Hay toda una serie de temas que pasan por el comercio, la infraestructura y la energía que son muy importantes para el Uruguay.

EC - Usted mencionaba algunos casos que se han destrabado como señal de que el vínculo está cambiando, de que la relación con Argentina está mejorando.

LA - Tenemos una actitud muy favorable y hemos visto que estos temas han ido avanzando muy rápido.

EC - ¿Esa sensación de empate que puede dejar el fallo de ayer no implica el riesgo de que todo siga estancado en el conflicto? Concretamente, por ejemplo, en cuanto al bloqueo del puente General San Martín.

LA - Ya lo hablamos en una oportunidad, el bloqueo del puente no es algo que podamos negociar directamente con el Poder Ejecutivo argentino para obtener una solución. Hay temas judiciales de por medio y hay un tema de la sociedad civil de Gualeguaychú. Un juez tiene que poner su firma abajo en un dictamen que remueva el bloqueo, como se ha hecho en otros piquetes en Argentina. Es un tema que tiene más componentes que aquellos que podemos resolver bilateralmente entre poderes ejecutivos como los dos que mencionaba usted.

EC - ¿Uruguay va a reclamar directamente que se levante ese bloqueo, o, como dice alguna versión de prensa esta mañana, no va a apurar con ese punto tan crítico?

LA - Uruguay no pone condiciones, no las ha puesto en estos 50 días. Queremos trabajar positivamente, queremos soluciones positivas y que puedan contar con nuestra actitud. Es indudable que el tema es prioritario para nosotros, por un puente por el que pasaban 350.000 personas ahora pasan 3.500, entonces no podemos decir que da lo mismo tener el puente bloqueado o no. Así que ese es un tema prioritario y que está en la agenda.

EC - El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, dijo ayer que para abordar el bloqueo del puente es mejor “esperar que baje la presión y que los ánimos se calmen”.

LA - No me merece ningún comentario esa expresión. Para nosotros es un tema prioritario, y no sé cuándo se calmarán los ánimos, es algo muy volátil y muy subjetivo que puede ser redinamizado permanentemente. Acá las soluciones no son anímicas ni psicológicas, son legales.

EC - Pero por ejemplo en el encuentro Mujica-Cristina Fernández, que creo que va a tener lugar en los próximos días, ¿Uruguay va a poner ese tema arriba de la mesa, va a pedir que se actúe?

LA - Este tema cae solo en la mesa, nos miramos y ya sabemos de qué estamos hablando.

EC - Pero hay ocasiones en las que se prefiere que un asunto sobrevuele o subyazca, no tratarlo explícitamente.

LA - No le vamos a dar vuelta al tema, decimos “los puentes” y ya sabemos todo lo que viene.

EC - Entonces efectivamente va a estar en la agenda.

LA - El tema está en la agenda permanentemente, no se ha movido un segundo de ahí.

EC - ¿Qué otros puntos? ¿Qué pasos vienen?

LA - Lo primero es coordinar la reunión de los presidentes y los ministros.

EC - Sería la semana que viene.

LA - Ponerle una fecha, una hora y un lugar.

EC - ¿Y después?

LA - Y después abordar los temas de que hablamos ahora.

EC - ¿Por ejemplo, la puesta en marcha de una negociación para un estatuto ambiental del río Uruguay?

LA - Eso es fundamental.

EC - ¿Por ejemplo, la puesta en marcha del monitoreo conjunto Uruguay-Argentina del impacto ambiental de la planta de UPM?

LA - Definitivamente.

EC - Eso es algo que Uruguay ofreció en distintas ocasiones.

LA - Siempre, Uruguay lo ofreció, hay reconocimientos importantes a Uruguay, como las consultas a la sociedad civil, que no es una obligación que surja del Estatuto y Uruguay de cualquier manera las hizo. El respeto a las normas ambientales, todos esos son temas importantes en los que Uruguay va a seguir procurando trabajar en conjunto para tratar de generar la mejor confianza.

EC - En sus declaraciones de ayer la presidenta Cristina Fernández habló de eso, de que hay que poner en marcha un fuerte monitoreo conjunto. Da la impresión de que ese es un asunto laudado.

LA - Es un asunto laudado. No es una obligación nueva que nos impone la Corte, Uruguay siempre ha estado dispuesto a esto y de hecho está realizando el monitoreo de una manera muy estricta.

EC - Si yo no me distraje, el fallo de ayer no menciona en ningún momento al Mercosur. No sé qué impresión tiene usted, pero no lo escuché. Sin embargo, ese acuerdo regional también se vio afectado por este conflicto Uruguay-Argentina. En definitiva, el Mercosur se mostró impotente para resolver una crisis como esta por la que estaban atravesando dos de sus miembros. Los líderes que podían haber intervenido no intervinieron, y estoy aludiendo concretamente al presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva. En fin, mi pregunta es: para usted, ¿la sentencia de ayer puede incidir de alguna manera en la reconversión pendiente que tiene el Mercosur?

LA - No, este es un tema bilateral. Los temas Mercosur pasaban por otro lado y tenían que ver con la libre circulación de bienes y personas. En ese sentido Uruguay ganó un laudo arbitral que exigía el levantamiento del bloqueo del puente.

EC - Ganó un laudo arbitral, pero después ese laudo no tuvo resultados prácticos.

LA - No fue acatado. Ese es uno de los temas siempre pendientes en el Mercosur, el cumplimiento de los laudos arbitrales. Es un problema no solo con este laudo, es un problema grande de cumplimiento también de otros laudos arbitrales.

EC - Pero más en general, ¿un acuerdo como el Mercosur puede existir, puede funcionar si durante tantos años dos de sus miembros están enfrentados de la forma como han estado enfrentados Argentina y Uruguay? ¿Puede ser que el Mercosur como tal no haga nada por mejorar ese vínculo?

LA - El Mercosur ha seguido haciendo. Respecto a ese vínculo en particular la posición de los otros miembros del Mercosur –y el fallo de La Haya parece darles la razón– es que era un tema bilateral de cumplimiento de un tratado bilateral, el Estatuto del Río Uruguay, y que debía ser resuelto en las instancias judiciales a las que se recurrió. El Mercosur no tiene una jurisdicción específica sobre el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay. Sí tuvo competencia sobre el tema del bloqueo de los puentes, y asumió competencia y se hizo un laudo arbitral que ganó Uruguay.

EC - Desde el punto de vista de la cancillería, ¿quedó algún otro ángulo que no hayamos abordado y que tenga que ver con estas horas siguientes al fallo de La Haya?

LA - Lo he reiterado y lo hemos dicho hoy usted y yo: lo importante es el trabajo conjunto para el futuro y la lectura profunda de las enseñanzas que nos deja el fallo. Tener en cuenta estos acuerdos bilaterales al pie de la letra, porque son tratados importantes en las relaciones entre los dos países. El Tratado del Río de la Plata tiene un capítulo especial sobre contaminación, el capítulo 9; las partes se obligan en el artículo 50 a informarse recíprocamente de algunas normas que puedan dictar con relación a la contaminación de las aguas, y también son responsables por los daños infligidos como consecuencia de la contaminación. Para mencionar algún tema.

Tenemos que ir al cumplimiento, esa es la enseñanza que nos deja hoy el fallo, sin perjuicio de lo bien parado que quedó el país en cuanto a su respeto a las inversiones que recibe, la consolidación de la planta en su lugar y la continuidad de su operativa, lo cual nos da la razón material, la razón de fondo en el tema. En lo demás tenemos que tomar nota y actuar en consecuencia.

EC - Ya lo consulté sobre esto, pero le planteo una pregunta que llega de la audiencia. Un oyente de Conchillas dice que no se vio satisfecho con su respuesta, y pregunta: “Si a Argentina se le antoja, ¿puede no hacerse la planta de celulosa de Montes del Plata?”.

LA - No, no funciona así. Ustedes lo vieron y lo contesté con relación a otra pregunta. Ni siquiera para el Estatuto del Río Uruguay, que prevé un mecanismo de consultas específico como este, es necesaria la aprobación previa. Ese fue uno de los puntos más importantes que quiero que la audiencia recuerde específicamente: es la notificación; luego de transcurrido un plazo puede hacerse a riesgo y cuenta del que lo hace. Sí seríamos responsables –acabo de leer el artículo– si hubiera daños ambientales en el Río de la Plata.


fuente: espectador.com/transcripción: María Lila Ltaif