Martes, 21 Julio 2009 06:25

Ley de negociación Colectiva: culminación de un proceso injusto con la actividad empresarial

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por el Dr Julio Facal
Asesor de la Cámara de Turismo.
Socio de Yelpo&Facal ABOGADOS.

Los empresarios y quienes como sus asesores formamos parte de la vida empresarial, sabemos que este período legislativo, se caracterizó por consagrar un conjunto de normas que han atentado  sistemáticamente


contra su actividad. Quizás las intenciones de quienes consagraron dichas normas hayan sido favorecer a los trabajadores y su entorno; quizás el espíritu haya sido establecer un sistema de justicia social en donde el derecho del trabajo tenga una regulación mucho más fuerte que hasta el momento, otorgándoles a los trabajadores una serie de derechos y prerrogativas que hasta el momento no tenían.

No dudamos de las buenas intenciones, pero el problema desde el inicio es que se parte de un planteo erróneo, del punto de vista jurídico, económico y social. Este planteamiento erróneo, que parte de la base del análisis de las relaciones laborales  en el marco de una lucha de clases, lleva sin duda a que las normas aprobadas sean el flagelo del progreso, del trabajo y de la inversión.

Esas buenas intenciones olvidan entre otras cosas, que el Uruguay cuenta con más de un 90 por ciento de Pymes (pequeñas y medianas empresas) y que en este marco la lucha de clases carece de sentido, y su planteamiento se vuelve conservador y obsoleto.

Perder de vista a la empresa como elemento dinamizador de la economía puede traer consigo graves consecuencias. El principio de conservación de la empresa debe regir no solo las relaciones comerciales, no sólo las leyes que regulan la crisis sino también el marco del relacionamiento entre empleadores y empleados.

Si sumamos en este periodo del afán  recaudador de los organismos fiscales que han sobredimensionados sus potestades inquisitivas realizando una verdadera caza de brujas de los empresarios con métodos  poco ortodoxos, al nuevo marco de las relaciones laborales y le restáramos, el período de bonanza económica internacional por el que atravesó Uruguay y el mundo por más de 4 años, el resultado sería ciertamente negativo . Un atisbo de ésto lo fue la crisis reciente. En efecto, ante el menor rumor de crisis, el Uruguay, vió abruptamente subir su desocupación, el desempleo y la conflictividad laboral así como las dificultades económico tributarias de los empresarios para subsistir.

Este período legislativo consagró leyes rígidas  cuyos contenidos resultaron perjudiciales para las empresas, como lo fueron una muy mala ley de tercerizaciones varias veces modificada, las ocupaciones de los lugares de trabajo, el llamado fuero sindical de excesiva regulación  y que ha servido para que bajo el amparo de éste muchos reclamos infundados tuvieran el velo injusto de una supuesta persecución sindical entre otras. A esta larga lista deberíamos sumar la ineficiencia de los Consejos de Salarios en donde las fórmulas homologadas en la mayor parte de los casos, tienen más de una interpretación  y al momento de establecerse un conflicto dicha interpretación ha resultado favorable siempre al trabajador.

En esta etapa el poder ejecutivo, y quienes hemos asistido a los Consejos de Salarios lo hemos vivido, no ha actuado como un mediador en las relaciones laborales sino que ha formado parte en forma sistemática del sector trabajador en una verdadera alianza en contra del empresariado.

Afortunadamente la nueva ley de reorganización empresarial y de concursos, no consagró el crédito laboral como un crédito preferente tal como lo solicitaba la masa obrera, lo cual hubiera de por sí erradicado el crédito para las empresas, pero esto lo fue gracias a la labor conjunta de todos los involucrados que terminaron  aprobando un proyecto que aunque tardíamente, mejora mucho la legislación concursal existente hasta el momento.

Incluso  los acuerdos voluntarios que fueron hasta el presente una herramienta válida para que empresarios y trabajadores saldaran sus diferencias y acordaran las bases del cese de una relación , la revisión de un contrato o condiciones de trabajo, han quedado de lado por resoluciones dictadas en el Seno del MTSS y carecen de validez jurídica.

La  Dinatra y la negociación colectiva han sido una herramienta puesta en práctica ante el menor reclamo, en forma insistente, desgastante  e irritante para el empresario . Este mecanismo se ha activado ante cualquier reclamo por menor e infundado que éste fuera cuando muchos de éstos reclamos se solucionan en el ámbito de la misma empresa.

Las relaciones laborales nacen en el respeto al derecho al trabajo,  la negociación y el derecho a organizarse;  todo derecho laboral debe regular el trabajo, la huelga los sindicatos y la actividad empresarial; pero lamentablemente lo único que se ha regulado en este período ha sido esto último, dictándose decenas de normas que regulan la actividad de la empresa pero dejando de lado la regulación de la huelga y los Sindicatos. Este proyecto de ley de negociación colectiva no solo no ha sido la excepción a la regla sino que además atenta contra la propiedad, y los derechos de los empresarios.

Regula la actividad de las empresas, imponiendo a las mismas el deber de informar cuestiones que atañen a la vida comercial, pero no prevé ni el preaviso en la huelga, ni la cláusula de paz ni tampoco establece pautas en este sentido.

Esta ley vulnera y quebranta convenios internacionales aprobados en el seno de la OIT . Impone la obligación de negociar atentando contra la libertad de negociación entre las partes pero lo que es peor, consagra un ámbito de negociación “tripartito” en donde el Poder Ejecutivo que hasta ahora sin intervención directa tenía una influencia enorme, pasa a ser un actor más en la negociación siendo su voto definitorio.

Necesitamos normas  que regulen todos los aspectos de la negociación colectiva que respeten la propiedad y le otorguen a las partes la libertad necesaria como para llevar adelante el desarrollo que la  actividad empresarial  necesita.

Lamentablemente los empresarios no tienen posibilidades de dejar su empresa para militar en el afán de unirse o generar opinión, no tienen fuero que les permita cobrar sin ir a trabajar; los empresarios deben estar al frente de su actividad, porque tienen una enorme responsabilidad, desarrollar y hacer crecer la unidad productiva que los haga crecer a ellos y sus familias, a quienes dependen de ellos como lo son los trabajadores y en definitiva a la productividad del país.  Pensamos que de todas formas es necesario y fundamental que los legisladores entiendan que continuar en este camino, lejos de generar empleo, va a terminar erradicando la inversión, por tanto la producción y el trabajo .

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