los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio número 169 de la OIT.
El Seminario Regional para Sudamérica sobre la "Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas" fue evaluado como positivo por los participantes de nuestro país que asistieron al evento, la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), María Elena Martínez, la presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Ana María Barbosa y el representante del Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), Gerardo Sosa.

El referido Seminario se desarrolló en Lima (Perú), entre los días 6 y 8 de octubre y fue el primero de una serie de eventos similares que tiene previsto organizar el organismo internacional también en América Central y en el Caribe.

María Elena Martínez y Ana María Barbosa coincidieron en la importancia de que nuestro país estuviera representado en un evento de "amplia convocatoria" en el que intervinieron 80 participantes. Entre los concurrentes se encontraban expertos de diferentes agencias de las Naciones Unidas, funcionarios gubernamentales y de las instituciones nacionales de protección de los Derechos Humanos y líderes de organizaciones de pueblos indígenas locales y provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El objetivo del Seminario fue capacitar a los asistentes en los Derechos de los Pueblos Originarios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007 y el Convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, con miras a promover la plena aplicación de esos instrumentos.

Martínez reconoció que si bien la misión uruguaya cumplió, oportunamente, un rol activo en la aprobación de la Declaración, nuestro país aún no ha ratificado el Convenio número 169 de la OIT que guarda una estrecha relación en los temas contenidos en la referida Declaración. En ese sentido, la funcionaria adelantó que se gestionarán ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el ámbito en donde se encuentran los convenios de la OIT, las acciones necesarias para que el Parlamento apruebe la ratificación de nuestro país al Convenio 169.

El mismo entró en vigor en 1991 y lo han suscripto los países de América Latina, con excepción de Uruguay, y algunas naciones europeas. Al decir del director de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe Jean Maninat Machado, el convenio 169 "propone conceptos básicos relativos al respeto, al reconocimiento y a la participación de dichos pueblos. El respeto a la cultura, idiomas, la religión, la organización social y económica, y a la identidad propia (…)". A su entender, ese marco legal representa "el instrumento jurídico internacional vinculante más completo que, en materia de protección a los pueblos indígenas y tribales, se haya adoptado hasta la fecha (…)".

Durante el desarrollo del Seminario se trataron los siguientes temas: El marco internacional de los derechos de los pueblos indígenas; Tierras, territorios, recursos naturales y medio ambiente; Consulta, participación y consentimiento; Diversidad cultural: bienes, manifestaciones y expresiones culturales intelectuales y espirituales de los pueblos indígenas; Niños, jóvenes, mujeres indígenas y personas mayores; y No discriminación en el acceso a la justicia, con énfasis en materia de derechos económicos y sociales.

La modalidad de las sesiones de trabajo consistió en exposiciones introductorias destinadas a promover la discusión y reflexión de los diferentes temas por parte de expertos o panelistas. Luego, los participantes identificaron, en los respectivos grupos y para cada tema asignado, las oportunidades y desafíos en la difusión e implementación de la Declaración que, a continuación, fue compartida en el plenario.

Pueblos indígenas consultados

Barbosa destacó que en el Seminario se abordó un núcleo de normas internacionales sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, basado en un enfoque de Derechos Humanos, que se potencian al utilizarlos en forma conjunta. "Sabemos del carácter no vinculante de la Declaración, pero advertimos que si la asociamos como herramienta jurídica al Convenio 169 de la OIT que si lo es, o a los convenios internacionales sobre derechos civiles y políticos, o sobre los derechos económicos sociales y culturales, es impresionante el alcance que puede tener y el valor que significa para la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas".

Martínez consideró como relevante el concepto de "consulta" incluido en la Declaración y en el Convenio 169. El mismo establece que los estados deben consultar a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los pudieran afectar directamente. Menciona los casos de "consulta" en los casos de explotación del subsuelo, para utilizar tierras para actividades militares y en proyectos de exploración y explotación de minerales, en la enajenación de tierras y planes educativos, entre otros aspectos.

Barbosa sostuvo que la participación en eventos de estas características "es muy importante porque nos permiten integrarnos al resto del continente". "Los uruguayos vivimos de espaldas a América Latina, como si todos fuéramos descendientes de europeos", criticó. "Compartir las realidades de otros países nos sirve para ver que vivimos situaciones muy similares en lo que respecta a lo económico, social y cultural", agregó. En el marco del derecho internacional, Barbosa destacó que el Seminario "nos puede ser muy útil para la reivindicación histórica de nuestros pueblos originarios, un cambio de enfoque en la educación y la búsqueda de modelos productivos propios".

Martínez manifestó que ha pensado impulsar la realización de un Seminario local destinado no sólo a descendientes de indígenas sino a otros actores de la sociedad civil interesados en los temas abordados en el evento de Lima.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el producto de un largo proceso de negociaciones entre los representantes de los pueblos indígenas y los Estados. Durante el Seminario, el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, señaló que "Los pueblos indígenas se han visto privados de vastas extensiones de tierras y del acceso a los recursos necesarios para la subsistencia, y han padecido el efecto de las fuerzas que históricamente han procurado hacer desaparecer sus instituciones políticas y culturales". "Como consecuencia, -advirtió- los pueblos indígenas han sido discriminados en términos económicos y sociales, su cohesión como comunidades se ha visto quebrantada o amenazada y la integridad de sus culturas ha sido socavada. Tanto en los estados industrializados como en los países en vía de desarrollo, los sectores indígenas se encuentran, casi invariablemente, en el último escalón de la escala socioeconómica y existen al margen del poder".