establecimiento que la empresa gestiona en este país.

La medida judicial, según declaraciones del procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada, a la prensa local, se basa en una deuda que el Grupo Barceló tiene con el Estado de Nicaragua desde 1993 y que tendría un valor de 1,5 millones de dólares. Sin embargo, el grupo hotelero ha explicado que en todo momento cumplieron su contrato de compra-venta y que no tendrán ningún problema en presentar toda la documentación. Pero no será hasta que reciban la demanda cuando comiencen a tomar medidas.

Según uno de los portavoces principales de Barceló, el contrato de compra-venta recogía tres cláusulas que han cumplido en todo momento. "Nos hicimos cargo del hotel en 1993 pagando al gobierno de Nicaragua tres millones de dólares", a los que se sumaron otros cinco millones de inversión para la mejora del establecimiento.

Asimismo, Barceló firmó en el contrato una cláusula por la que si en los diez años siguientes la ocupación del hotel se situaba entorno al 60 por ciento se pagaría una cantidad adicional, pero "esta ocupación nunca se ha dado", y tras una auditoría realizada por una empresa externa "se ha comprobado efectivamente que no se ha llegado a esa ocupación".

A juicio del grupo español no se "entiende" que ahora se diga que el precio fijado y pagado en 1993 "no era real" o que "fue barato", puesto que "pagamos lo que se nos pidió e invertimos mucho más para crear en esa zona de playa nicaragüense un complejo turístico, siendo la única compañía española que está instalada allí".

Además de declarar que no entienden los motivos de esta drástica medida, los representantes de Barceló se han quejado de la falta de información, que les llega mayoritariamente a través de la prensa, de donde han extraído que el argumento del secuestro preventivo es una supuesta deuda por el proceso de venta.

"El embargo preventivo no está basado todavía en demanda alguna concreta, la cual debe ser presentada a partir de ahora en un plazo de 15 días", explicaron a Acan-Efe fuentes judiciales que pidieron mantenerse en el anonimato, pero que sí precisaron que la medida había sido pedida desde la presidencia del país.

En Nicaragua se puede solicitar una orden de embargo preventivo sin mediar una demanda o acusación concreta, que sí debe ser presentada posteriormente en el plazo indicado para que el proceso siga abierto o sea rechazado.
 
fuente: Caribbean News Digital