Cuando las relaciones bilaterales entre Uruguay y Argentina parecían encaminarse después de años de estancamiento por el conflicto de las papeleras, las potestades de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) generaron nuevos desencuentros entre ambos países.

La delegación argentina propuso la creación de cargos dentro de la papelera UMP (ex Botnia) para el monitoreo de la empresa, pero el planteo será rechazado por el gobierno uruguayo por "carecer de seriedad". Según dijeron a Ultimas Noticias fuentes oficiales el planteo no es más que "otro disparate" porque no se puede permitir el control interno de una empresa que se rige por el "derecho privado".

En una conferencia que brindó en la sede de la Unión Europea, el canciller, Luis Almagro, señaló que los controles de Uruguay y Argentina sobre el río Uruguay se deben cumplir de acuerdo al fallo de la Corte Internacional de La Haya. En tal sentido, especificó que el mandato de la Corte es "el control de la calidad de las aguas en función de la instalación de la planta".

En la misma línea, el canciller dijo que "no se pueden exceder en las negociaciones ni las competencias de la Caru, ni lo expresado por la Corte de La Haya". En tal sentido, fuentes del gobierno dijeron a Ultimas Noticias que Uruguay "no permitirá que se sobrepase lo que indica el estatuto firmado en el año 1975".

De tal modo, el gobierno del presidente, José Mujica, no aceptará una vigilancia interna de la empresa porque el Tratado del Río Uruguay regula los asuntos referentes a las aguas y no al plano terrestre. El control interno de la empresa significaría un exceso injustificado desde el punto de vista normativo.

Del otro lado de la posición argentina, la delegación uruguaya planteó en la sesión del viernes pasado del Plenario de Caru que el monitoreo conjunto entre ambos países se realice sobre toda la superficie del Río Uruguay tal como lo establece el estatuto vigente, sin perjuicio de que se focalice especialmente sobre UPM si es la voluntad del gobierno argentino.

Según fuentes oficiales, preocupa al gobierno el vertimiento de grasas de empresas frigoríficas argentinas sobre las aguas, además se teme que el volcado de fertilizantes y desechos químicos de las agroindustrias afecten la calidad de las aguas.

Además, la delegación uruguaya en el organismo solicitó a Argentina la actualización de las pautas de control ambiental para los emprendimientos ubicados sobre el río, a fin de evitar condiciones desiguales en las dos márgenes del afluente. A pedido de Argentina, el próximo lunes 17 en la sede de la Caru ubicada en el departamento de Paysandú, ambas delegaciones discutirán en una puesta en común los dos planteos del monitoreo.

Se espera que en esa sesión se logren algunos acuerdos relacionados a la mayor preponderancia que se le quiere asignar al organismo.

Aún resta por definir los criterios científicos para la realización de los controles ambientales, el grupo de expertos que participara de dicha tarea y la frecuencia de las mediciones ambientales que se realizarán sobre el río Uruguay.

Otro de los puntos fundamentales asociado al funcionamiento de la comisión está asociado a la disponibilidad presupuestal con la que se contará para el monitoreo. En la última cumbre presidencial realizada en la Quinta de Olivos, el presidente, José Mujica y su par, Cristina Fernández de Kirchner, acordaron como parte del cumplimiento del fallo de La Haya la dotación de más recursos financieros a la Caru, que el compromiso será refrendado por los gobiernos por la vía de los hechos.