situaciones bien claras: o se adjudican la licitación, a pesar de los anuncios que va para Codere o bien, ganarán el juicio.

El grupo Hyatt-Liberman sostiene que es el único habilitado para hacerse de la concesión luego de consultar a los más renombrados juristas locales y hasta ahora, la Intendencia de Montevideo, no ha respondido de modo contundenten y sigue para adelante con el proceso, como si nada ocurriese.

Queremos expresar con este artículo, nuestra profunda preocupación ante este hecho.

Las administraciones municipales del FA, no son en absoluto, impermebles a las fallas de interpretación y mucho menos al rigor legal.

No sería la primera vez que todos los montevideanos, debamos pagar cifras millonarias por una demanda judicial adversa.

Si el Gobierno de Montevideo, tiene la plena certeza que está obrando dentro del marco adecuado, hasta se podría entender las evasivas manifiestas para salir al cruce de la ofensiva de Hyatt-Liberman, pero..., mucho nos tememos que estemos ante una nueva instancia tipo: "admitir un error tiene costo político".

Sea político o económico, es claro que un costo hay y de los costos, deben responsabilizarse los actores,pero jamás los que miran de afuera (léase, los montevideanos en general).

Tengan por seguro todos, que de perder este juicio, no se arreglará recurriendo a la caja chica. Nos vemos.