limitar la identificación con documentos en la calle y la incomunicación, entre otros cambios.

El oficialismo y la oposición se encaminan a lograr un acuerdo global para modificar el proyecto, quitando los aspectos más polémicos y con visos de inconstitucionalidad.

Los cambios principales toman en cuenta las recomendaciones del Colegio de Abogados del Uruguay. Después de varias semanas de idas y vueltas, los senadores de la comisión de Constitución y Legislación del Senado llegaron ayer a un preacuerdo y realizarán consultas con los diputados en los próximos quince días, para llevar el tema a la Asamblea General, lo cual aparece ahora casi como un hecho.

El proyecto sustitutivo presentado por el Frente Amplio, a negociar con blancos y colorados, modifica quince artículos de los cerca de 170. Algunas son correcciones de redacción, pero otras van al fondo del asunto. Se plantea un sistema alternativo para la identificación obligatoria en vía pública sin necesidad de presentar documentos: debe hacerse en el lugar y sin demoras más allá del "tiempo indispensable", según el texto, al que accedió El País.

También se limitan los registros personales a casos de "flagrante actividad delictiva" y deben hacerlo policías del mismo sexo que los sospechosos. Se elimina la posibilidad de incomunicar testigos y víctimas de delitos, limitando la incomunicación a "presuntos responsables" de delitos.

El cambio principal es la eliminación del ingreso en morada en caso de extrema necesidad, incluso de noche y sin orden judicial ni permiso del jefe de hogar. La oposición pretende que ese artículo sea eliminado, pero el Frente Amplio en principio ha planteado que además se incluya un artículo sustitutivo donde se remiten los allanamientos y registros a los derechos previstos en la Constitución (goce de vida, honor, libertad, propiedad y seguridad), que no pueden ser limitados salvo por razones de "interés general". El artículo 11 de la Constitución dice que el hogar "es un sagrado inviolable" y que de noche no se puede entrar "sin consentimiento de su jefe".

Otro cambio es que la detención sin orden en hogares allanados deben ser solo para "flagrantes responsables" y no "presuntos involucrados" (ver recuadro).

PASOS. Los senadores del Frente de la comisión de Constitución harán consultas en los sectores y sobre todo con sus diputados, para garantizar que efectivamente voten los cambios en la Asamblea General. Lo mismo harán blancos y colorados.

En ese escenario -que hoy es el más probable-, el Senado votaría negativamente en junio los cambios incluidos en Diputados y se sancionará un proyecto modificativo en la Asamblea General, sacando los temas polémicos. Se trata de la alternativa que había sido planteada originalmente por los senadores del oficialismo a comienzos de año, pero que luego recibió marcha atrás.

El plan alternativo, si no están garantizados los votos en la Asamblea (dos tercios), sigue siendo votar en junio el proyecto como está y luego elaborar uno modificativo. Eso garantiza que la ley entre en vigencia sí o sí, como pretende la ministra Daisy Tourné, pero es un camino más "desprolijo", según admiten entre los senadores frenteamplistas. Esta posibilidad había sido definida hace dos semanas en la bancada del Frente, pero luego hubo una nueva modificación, cuando la oposición anunció que coincide con los cambios.

ACUERDO. En el Frente, los diputados prevén dar vía libre a que se modifique el proyecto en la Asamblea. El tema viene siendo discutido entre senadores y diputados frenteamplistas desde hace varias semanas.

El vicepresidente de la comisión de Constitución de Diputados, Gustavo Bernini (socialista), adelantó a El País que será apoyado el acuerdo político que salga del Senado. "Bienvenidas las mejoras. Nosotros ya habíamos cambiado el año pasado el proyecto que venía del Senado, que tenía defectos. Pero sigue siendo perfectible. Lo importante es que tendremos un protocolo policial después de 20 años. Nadie lo había hecho hasta ahora", indicó.

Los diputados de la comisión de Constitución del Frente eran reacios en principio a ir a la Asamblea General, ante el riesgo que no estuvieran los votos y el Frente se quedara sin el pan y sin la torta: por lograr un proyecto más acabado, la ley podría naufragar.

Pero si la oposición garantiza los votos, los diputados accederán a hacer cambios. "Ellos no están en contra de las modificaciones. Simplemente creían que el mecanismo de la Asamblea no era el mejor", dijo el senador del MPP, Alberto Breccia.

Iniciativa del Ministerio del Interior en la época de José Díaz, el proyecto fue votado en el Senado en 2006 con votos de todos los partidos y luego recibió cambios en Diputados en noviembre de 2007. De inmediato cayeron fuertes críticas del Colegio de Abogados y de catedráticos que integran la comisión de la reforma del Código de Proceso Penal por las inconstitucionalidades y la violación de libertades individuales.

Equilibrio entre la acción policial y los derechos de los ciudadanos

La oposición festejó ayer que el gobierno acepte eliminar el allanamiento nocturno del proyecto de ley de procedimiento policial. Para el senador blanco Carlos Moreira, se llegó a "un buen acuerdo" y aclaró que sólo hay algún matiz en el tema del ingreso a morada de noche. Los blancos creen que, más allá de sacar ese artículo, no tiene sentido remitir a la Constitución y al Código Penal. "El Código ya permite a la Policía ingresar en hogares por determinados hechos sin necesidad de que se alteren las normas constitucionales", indicó. De todos modos, Moreira afirmó que el proyecto está "muy mejorado y que hay muy buen espíritu" en las bancadas. "Ojalá logremos acuerdo total porque este es un buen instrumento si se permite ese equilibrio tan delicado entre la acción policial eficiente y la garantía de los derechos de los ciudadanos", advirtió Moreira.

El senador frenteamplista Rafael Michelini admitió la preocupación porque algunos puntos "afectan los derechos humanos". El artículo sobre ingreso nocturno es "delicado", pero aclaró que si empiezan los problemas con los blancos por la redacción se votará el proyecto como está: "Dejamos indefensos a los ciudadanos".

El senador colorado Julio María Sanguinetti cree que habilitar el allanamiento nocturno "genera inseguridad" y "no es fácilmente aceptado en un país con tradición contraria". Dijo que ahora se da a la Policía un instrumento de actuación, sin incurrir en inconstitucionalidades.

Principales cambios acordados

Se elimina el ingreso nocturno a morada en casos de "extrema necesidad" sin orden del juez ni permiso del jefe de hogar. Se plantea una redacción alternativa, donde los allanamientos y registros son "sin perjuicio de la plena y armónica vigencia de otros derechos constitucionales". Se modifica también la facultad para detener sin orden a personas que estén en moradas allanadas: en lugar de "presuntos involucrados", deben ser "flagrantemente responsables" de delito.

Identificación. El proyecto original decía que cuando una persona se niega a identificarse será conducida a sede policial y se dará cuenta al juez. El texto alternativo dice que la persona podrá ser detenida si se niega a "declarar la identidad". Si no tiene documento o si hay dudas sobre el documento presentado, se recurrirá a procedimientos alternativos que permitan la posterior identificación y ubicación.

La incomunicación de personas (en la escena del hecho y fuera de allí) queda limitada a los "presuntamente responsables" de hechos investigados. Elimina la posibilidad de incomunicar testigos y víctimas.

Proyecto habilita a realizar registros personales y de bultos o bolsos pero solo puede hacerse cuando exista "flagrante actividad delictiva de la persona sometida a registro" o cuando en un operativo policial haya motivos suficientes para garantizar la seguridad de una persona involucrada en el procedimiento.

Fuera de hipótesis excepcionales, se agrega que se puede registrar y desnudar a una persona sólo si no existe medida alternativa.

El proyecto permite detener a una persona si hay motivo suficiente sobre su "participación" en hechos de apariencia delictiva. Se sustituye la "participación" por "responsabilidad".

El proyecto dice que el personal policial está exento de responsabilidad cuanto actúa en legítima defensa, estado de necesidad o cumplimiento de la ley. La redacción alternativa excluye el "estado de necesidad" y agrega que la legítima defensa puede ser "propia o ajena".

Derecho a información. El proyecto dice que la víctima tiene derecho a ser informada por la Policía de todo lo actuado en el caso que la afecta si no obstruye la investigación. Ahora se plantea que cuando el denunciante o denunciado sea policía, las autoridades extremarán las medidas de supervisión "para garantizar el adecuado manejo de la información y todo el proceso de intervención policial".

Cuando un detenido debe ser atendido en un hospital, la Policía está obligada a liberarlo de las medidas de seguridad, previa autorización del superior. Antes sólo se permitía esa opción.
 
fuente: elpais.com.uy