La hotelería de Punta del Este, luego con la adhesión de Piriapolis, comenzó restringiendo la aceptación de algunas tarjetas de crédito en búsqueda de una reunión y respuesta en la disminución de las comisiones que intentaban infructuosamente.

Lejos de lograrse tal propósito, el feriado largo del 12 de octubre, los encontró no aceptando varios de estos medios de pago como VISA, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.

Si bien se sobrevivió a esta “pulseada”, los interlocutores no aparecieron  y la marcha atrás no es una alternativa.

La importancia del tema se vio reflejada el día lunes, cuando, ante una propuesta del Diputado del Partido Nacional, Dr. Federico Casaretto, se reunieron en la Liga de Fomento de Punta del Este, desde el  Intendente de Maldonado Oscar De Los Santos, el Director de Turismo departamental Horacio Díaz, los operadores turísticos, y los diputados del departamento.

Que a escasos seis días de las elecciones nacionales los diputados del departamento por el Partido Nacional: Federico Casaretto, Nelson Rodríguez, y por el Frente Amplio, Darío Pérez y Pablo  Pérez  decidieran dejar de lado sus diferencias y en forma inmediata solicitar audiencia al Ministro de Economía Álvaro García para el tratamiento del asunto no es poca señal.

El sector hotelero ha presentado denuncia formal ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas contra VISA, OCA, AMERICAN EXPRESS, DINERS y Cámara Uruguaya de Tarjetas de Crédito  "por posibles conductas distorsionantes del mercado que podrían encuadrarse en el ámbito de la Ley 18.159 en abuso de posición dominante".
El mencionado abuso consiste en la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo el mercado nacional o en parte del mismo. La ilicitud no se halla por tanto en el simple presupuesto económico de sostener una posición privilegiada según la cuota de mercado representada, sino en el hecho de aprovechar tal situación para cometer excesos que vulneren el principio de libertad de competencia y en este caso concreto, entendemos ocasiona un perjuicio nacional en virtud de atacar la segunda industria de ingresos del país.
El perjuicio sufrido por la industria Hotelera, por reiterado y aceptado no resulta válido estrictu sensu, por cuanto el consenso surge de la imposibilidad de contratar de otra manera y de no poder sustituir las tarjetas que se imponen nacional e internacionalmente como única alternativa y medio de pago de turistas y nacionales.
Vale resaltar que tanto en lo nacional como internacionalmente, los mismos emisores de estas tarjetas cobran comisiones sensiblemente menores, lo cual prueba que se trata de un lucro especialmente beneficioso para estos medios de pago y no una relación imprescindible y razonablemente lucrativa entre el servicio que otorgan y su contraprestación.
En el ámbito jurídico habría que estudiar si visto el perjuicio real que económicamente y a la imagen del país ocasiona esta situación, y a la aparente inaccesibilidad en que se mantendrían los interlocutores lo que hace previsible un prolongado conflicto, no ameritaría una Acción de Amparo ante la Justicia.
No debe descartarse que el Poder Judicial actúe de oficio, es decir, actúe sin necesidad de denuncia o requerimiento de parte, visto el bien jurídico a tutelar y los perjuicios originados y a originarse de mantenerse esta situación, que afectan entre otras cosas, los puestos de trabajo.
La intervención solicitada por los Hoteleros al amparo de la Ley Nº 18.159, de Promoción y Defensa de la Competencia, no sólo no asegura una solución del conflicto, sino que no asegura en lo más mínimo que antes de diciembre se avizore un dictamen.
 La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia funciona como órgano desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas.
Constituida en marzo de este año, está conformada por su Presidente, el Economista Sergio Daniel Milnitsky, el Comisionado Dr. en Derecho y Ciencias Socales Javier Gomensoro, y la Comisionada Dra. en Derecho y Ciencias Sociales Luciana Macedo Saravia. No obstante la capacitación de estos profesionales, resulta claro que según la reglamentación de su funcionamiento ordena y dicta la sana lógica, ante cada caso en particular, deberán informarse absoluta y correctamente, lo cual es parte de la garantía del proceso pero también, atenta contra la rapidez de sus dictámenes.

Véase que en un caso específico y que se publica en la web por la misma Comisión, ante una denuncia presentada el 25 de febrero de 2009, se dicta resolución el 24 de setiembre de 2009, es decir SIETE MESES después, y con el mayor de los respetos, en un caso absolutamente más sencillo que el que nos ocupa hoy. Por lo tanto, si sumamos los plazos que dicta la misma ley y la reglamentación posterior, con suerte nos encontraremos dentro de un año con un dictamen, que además podrá ser revisado posteriormente.
Ahora bien, la clara señal que referíamos debe dar el Poder Ejecutivo, pasa por entender que este conflicto va más allá de las relaciones particulares entre dos comerciantes: el hotel - los emisores de medios de pago.
La industria turística se basa entre otras cosas, en los servicios que se brindan y en un delicado sistema de confianza que se comunica y se expone permanentemente. Hoy en día, basta ingresar en la web y la no aceptación de las tarjetas de crédito es una noticia que se conoce internacionalmente y un alerta a los posibles visitantes.
La intervención del Poder Ejecutivo regulando las relaciones entre los emisores de medios de pago y los hoteleros e inclusive otros receptores, no es descabellada en modo alguno y menos aún ilegal desde que intervendría en una industria que hace al país, a sus ingresos, al derecho al trabajo entre otros y proyecta internacionalmente la imagen de Uruguay y su credibilidad también.  
Costa Rica, España, Venezuela, México, Brasil, Argentina,  El Salvador y EEUU son algunos de los países que recientemente han intervenido en el monto de las comisiones de tarjetas de crédito.

El establecer que los emisores de medios de pago, como VISA, OCA, AMERICAN EXPRESSA, DINERS, han actuado y actúan en “abuso de posición dominante” resulta para algunos como algo absolutamente extraño en cuanto las “marcas” aparecen en el inconciente como intachables e inatacables; no obstante, es bueno recordar que empresas como IBM, Microsoft, Google, YPF Argentina, Repsol Argentina, Telefónica España, y muchas más, han sido condenadas por este tipo de prácticas.

Por lo dicho y mucho más, el Estado, el Poder Ejecutivo no debe ser un mero observador sino un participante activo, eficiente y absolutamente veloz en este conflicto. La capacidad y la responsabilidad deben demostrarse con al menos, una actividad que no requiera el pedido de audiencias ni plazos burocráticos, la ley lo habilita y el sentido común lo requiere.