El proyecto de puerto deportivo de Piedras del Chileno enfrenta la posibilidad de perder a su principal protagonista, la firma Bandeluz S.A., propietaria de la tierra adyacente al lugar y conformada por los accionistas que presentaron la propuesta al gobierno bajo la modalidad de iniciativa privada para la inversión en un puerto, hotel y casino en Bahía de Maldonado.

Fuentes cercanas a los inversores aseguraron ayer a El País que los accionistas de la firma comenzaron a mantener una serie de reuniones con los principales actores políticos del departamento para informarles que en la actual coyuntura no se presentarán al anunciado llamado a licitación por parte del gobierno nacional.

La gota que rebasó el vaso y provocó un profundo malestar entre los inversionistas fue la remisión a la Junta Departamental por parte del intendente Oscar de los Santos del proyecto de modificación de la normas de construcción para la zona de Piedras del Chileno.

Si bien la propuesta ahora a estudio del deliberativo departamental contiene las modificaciones en materia de factores de construcción, también introdujo el pago de un canon anual de US$ 1 millón por el uso del suelo de propiedad municipal donde se proyecta construir el puerto y el hotel con casino privado.

Esto es resistido por los inversionistas. Entienden que cambian las reglas de juego y el futuro del negocio porque se trata de una fuerte suma de dinero que se agrega a los cánones que serán impuestos por el gobierno nacional tanto por la explotación de la sala de juego privada como por el puerto.

Las mismas fuentes descartaron que la aplicación del canon no obedece a un supuesto acuerdo entre inversores y gobierno para darle un "entierro de lujo" a un millonario proyecto averiado por la crisis financiera global. Por el contrario, destacaron que hasta la novedad del canon estaban más que interesados en quedarse con el negocio una vez el gobierno hubiera concretado la demorada licitación.

Por su parte el director de Planeamiento de la Intendencia de Maldonado, Julio Riella, explicó ayer a El País que la decisión de aplicar un canon a la empresa que gane la licitación corresponde porque las modificaciones registradas en el proceso representan una notoria reducción en el dinero que deben desembolsar los inversionistas. "La suma de dinero que deben invertir para la construcción del muelle para yates deportivos es menor que la necesaria para construir un puerto de cruceros. No sólo la inversión es menor. También hay un plus por la modificación de la normativa en el lugar", sostuvo Riella.

El proyecto incluye un puerto, hotel cinco estrellas con casino de explotación privada, zona comercial y conjunto residencial entre la parada 42 y 45 de la Mansa, hacia el Oeste de Piedras del Chileno y al Sur de la Ruta 10. Esa iniciativa se desarrolla en tres predios: uno municipal (hotel, casino e infraestructura portuaria) y dos privados (desarrollo inmobiliario). Para estos últimos es que la administración pretende cambiar las normas edilicias.

El documento plantea una altura máxima de 15 metros sobre "recta de comparación", es decir, planta baja más otras cuatro plantas. El máximo establecido de Factor de Ocupación Total (FOT) es del 80% y en todos los casos es obligatorio que el Factor Ocupación del Suelo (FOS) sea menor al 20%.

Los predios frente al mar mantienen la normativa vigente para la zona, donde el FOT máximo es del 40%, el FOS del 20% y la altura de edificación de 7 metros. Se busca preservar el bosque existente, creando una faja de reserva forestal de 50 metros de ancho, que sigue siendo propiedad privada.

Quiénes son los inversores
La firma Bandeluz S.A., en un principio fue conformada por el multimillonario griego Athanasios Laskaridis como su principal accionista. También por el empresario Jorge Fernández Baubeta, socio del griego en la empresa naviera Christophersen de Montevideo. También figuraron el contador Mario Garbarino, el ex ministro del Interior de Sanguinetti, Antonio Marchesano, y el empresario Fernando Barboni. Estos tres últimos se desvincularon el proyecto. Barboni vendió el predio en alrededor de US$ 10 millones Con unos seis millones de dólares se canceló un embargo del predio de la DGI y con el resto se saldó el precio total. En los últimos tiempos, un poderoso inversor extranjero se sumó al proyecto. Si bien su nombre se mantiene en reserva, se asegura que el mismo participó de una reunión celebrada el pasado 9 de enero en la Presidencia de la República.


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