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Miércoles, 05 Noviembre 2008 23:03

Aerolíneas Argentinas: ¿La venta se posterga hasta marzo?

por Marcelo Pellegrini
para Código Aéreo
 El anuncio de que la Auditoría General de la Nación no podrá presentar hasta avanzado diciembre un balance fundamentado de Aerolíneas Argentina y Austral Líneas Aéreas posterga cualquier decisión hasta el
 año que viene. El caso está en un limbo legal que no convienen al Estado ni al Grupo Marsans.

La decisión del Congreso para fijar el precio de venta de las acciones de Interinvest debería esperar hasta marzo del año que viene, por lo menos, dado que la Auditoría General de la Nación no pude obtener un balance serio hasta diciembre próximo, indicaron fuentes parlamentarias.

Según pudo saber CÓDIGO AÉREO, la Auditoría General de la Nación pidió una prórroga hasta diciembre para presentar el informe sobre la situación contable de la compañía Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, argumentando dificultades que encontró por parte del Grupo Marsans para obtener los datos claves de los balances.

El pedido fue formulado por el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, la semana pasada ante la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones luego de explicar que el Grupo Marsans envió el balance 2007 de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas recién el 21 de octubre último y que carecían de los datos de enero hasta el 17 de julio 2008, día en que se anunció que el Estado compraría la empresa.

Según los legisladores, no se puede fijar un precio de las dos aerolíneas sin tener un balance auditado y aprobado por las partes, además de revisado por la Auditoría General de la Nación, tarea que se completaría luego del descanso parlamentario que se inicia a mediados de diciembre.

Leandro Despouy informó que el último balance realizado por la auditoría externa de Aerolíneas Argentina y Austral Líneas Aéreas, la consultora Price WaterhouseCoopers revela que al 31 de diciembre último las empresas tenían un déficit anual de 475 millones de pesos y uno acumulado de 990 millones de pesos, por lo que su situación podía quedar encuadrada en causal de disolución, según el artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales (Patrimonio Neto negativo).

Tanto es así que el auditor Héctor Fólica reveló que en el borrador del balance 2007 realizado por PriceWaterhouseCoopers se indica que la situación de las aerolíneas encuadra en el inciso 5 del artículo 94 de la ley de sociedades comerciales, que configura el cuadro de "liquidación y disolución" societaria.

Sin embargo, el balance cerrado al 31 de diciembre del 2007 no fue aprobado por los representantes del Estado Nacional y de los gremios, situación que fue apoyada por la Auditoría General de la Nación que se pronunció por una abstención de opinión en vez de aprobar los estados contables realizados por los españoles.

El titular de la Auditoría General de la Nación estuvo acompañado por otros seis funcionarios del aérea, entre ellos, el ex diputado y senador justicialista Oscar Lamberto, y afirmó que la situación contable de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas es difícil de definir por cuanto "hay un gran descontrol y no tiene una auditoría interna".

Más allá de la realidad de la afirmación realizada por Leandro Despouy, lo cierto es que con la administración del Estado, tampoco se ha solucionado este problema y las ausencias de controles de gestión son notables. Tanto que las cifras sobre los aportes realizados por el sector público para la gestión de las dos aerolíneas sin distintos según las fuentes que se consultes.

Según explicó el funcionario "vamos a hacer la historia de la compañía. De allí podríamos sacar algunas enseñanzas para evitar que, en el futuro, repitamos experiencias de este tipo", en lo que se consideró un mensaje directo al secretario de Transporte Ricardo Jaime.

La única forma para que la operación de compra de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas se acelere es que la Casa Rosada tome la decisión de acelerar los plazos como hizo con las AFJP o que lleve a cabo una expropiación "ad referéndum" del Congreso.

En el fondo, el caso sigue siendo un tema político.