Lea: ¿Culpable o inocente?

Según los expertos, el veredicto podría sentar un precedente al tratarse de la primera vez que un ex mandatario constitucional latinoamericano es juzgado por violaciones a los derechos humanos en su propio país.

La Fiscalía pidió 30 años de cárcel para Fujimori, a quien se acusa de ser el autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina.

El incidente de Barrios Altos dejó 15 muertos y el de la Universidad La Cantuta, 10.

Fujimori ha negado los cargos y su defensa insiste en que apelará una sentencia condenatoria.

¿Politizado?
Mientras tanto, en un clima de tensión, simpatizantes del ex presidente han dicho que tomarán las calles al manifestar sospechas sobre la validez de una sentencia que califican de "políticamente motivada".



La corresponsal de la BBC Candance Piette informa desde Lima que buena parte de la base de apoyo a Fujimori puede encontrarse en los barrios pobres nacidos en las décadas de los años 80 y 90 en la periferia de Lima, adonde llegaron huyendo de la violencia política.

Muchos de los habitantes de esos barrios estiman que el juicio está politizado y se niegan a creer las acusaciones de que Fujimori creó, junto con el que fuera su asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, una maquinaria de poder que respondió al terror con el terror.

Sin embargo, en estos días -añade Piette- ellos están en minoría. Hoy se observa una tendencia creciente a reclamar que tanto el procesado como el actual presidente, Alan García, respondan por sus acciones en el pasado.

Lea: El hombre, el político

Según una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica de Perú, el 64% de la población cree que Fujimori es culpable, mientras que el 25% lo considera inocente.

De acuerdo con sus abogados defensores, no hay evidencias que vinculen al ex mandatario con los delitos que se le imputan.

"Un hito"
Si Fujimori es hallado culpable -manifiesta Piette-, el veredicto podría convertirse en un hito: enviaría un mensaje claro al resto de América Latina de que los crímenes de lesa humanidad pueden ser castigados.

Grupos defensores de los derechos humanos han sostenido que una sentencia incriminatoria representaría un avance en la lucha contra la impunidad en una región en la que, como dice el analista de la BBC James Painter, la norma es que los presidentes -de credenciales democráticas o no- eviten encarar a la Justicia por delitos que se les imputan.

Painter añade que es bastante inusual que un jefe de Estado en cualquier parte del mundo sea extraditado para que se lo juzgue en su propio país por violaciones de los derechos humanos.

Fujimori fue extraditado el 22 de septiembre de 2007 por las autoridades de Chile, país al que había llegado en noviembre de 2005 por su propia voluntad desde Japón.

El ex presidente renunció a su cargo en noviembre de 2000 desde Japón, la tierra de sus antepasados, y se refugió allí a raíz de un escándalo por la red de corrupción que había creado Vladimiro Montesinos, quien está en la cárcel.