de violaciones de los derechos humanos.

El documento "Derecho a la memoria y la verdad", registra 479 casos de detenidos-desaparecidos.

En un documento presentado este miércoles por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se culpa a los gobiernos de facto que dirigieron el país entre 1964 y 1985 de ser responsables de desapariciones, torturas, asesinatos y ejecuciones sumarias de cientos de opositores.

El reconocimiento del Estado brasileño del accionar de los militares podría generar una ola de juicios.

Se trataría de algo inédito en el país sudamericano, donde las fuerzas armadas han eludido los procesos por delitos de lesa humanidad desde el retorno de la democracia.

Es un trabajo histórico, donde el Estado reconoce los derechos de los familiares de los brasileños muertos y desaparecidos en el régimen militar

Marco Antonio Rodrigues Barbosa, presidente de la Comisión

El documento, que tiene forma de libro y lleva el título de "Derecho a la memoria y la verdad", registra 479 casos de detenidos-desaparecidos, muchos de los cuales perdieron la vida "por causa de las intensas torturas".

Las víctimas figuran en una lista con nombre y apellido, y se describen las circunstancias que rodearon sus muertes.

"Decisión consciente"

El informe de casi 500 páginas afirma que los crímenes sucedieron por una "decisión consciente de los gobiernos de la época" y con "pleno conocimiento de los más altos jefes de las fuerzas armadas".

De este modo rechaza la teoría de que los abusos de los derechos humanos habrían sido cometidos por individuos que actuaron fuera del control de sus superiores.

Asimismo recomienda a Lula establecer una "instancia administrativa permanente para interrogar a policías y militares" con el fin de "localizar los restos mortales" de las víctimas.

El documento de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República reúne datos recopilados por la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos durante la última década.

"Es un trabajo histórico, donde el Estado reconoce los derechos de los familiares de los brasileños muertos y desaparecidos en el régimen militar. Significa el rescate de la memoria, de la verdad y, por tanto, de la justicia sin revanchismo", destacó el presidente de la Comisión, Marco Antonio Rodrigues Barbosa.

Grupos de derechos humanos elogiaron el informe, aunque reclamaron avances en la búsqueda de los cuerpos de las víctimas.

Victoria Grabois, fundadora del grupo Nunca Jamás Tortura, dijo: "Desde un punto de vista positivo, es la primera vez que el gobierno muestra los resultados de las investigaciones, aunque es su obligación".

"Pero hay una segunda fase que muestra el lugar y las circunstancias de las muertes, algo que aún no se ha hecho", advirtió.

Transición

Tras el regreso de la democracia, los militares brasileños gozaron de una relativa autonomía.

Tras el regreso de la democracia, los militares brasileños gozaron de una relativa autonomía debido a que hubo una transición negociada entre las fuerzas armadas y la clase política, explicó a BBC Mundo Gastón Chillier, especialista en derechos humanos en América Latina.

"Como los oficiales lograron mantener una cuota de poder, los gobiernos democráticos no se atrevían a revisar el pasado en cuanto a la responsabilidad del régimen de facto en crímenes de lesa humanidad", añadió el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina.

"En este sentido, Brasil estaba muy por detrás de otros países del Cono Sur como Argentina, Chile y Uruguay, donde sí se han abierto juicios contra ex miembros de las fuerzas de seguridad".

Para Chillier, "el hecho de que ahora el Estado brasileño investigue qué ocurrió con las víctimas de los gobiernos militares es un paso enorme".

Se estima que cientos de personas desaparecieron durante el régimen de facto en Brasil, país que por otra parte intervino en el Plan Cóndor.

Esta operación consistió en la coordinación de los gobiernos militares sudamericanos durante las décadas de los años 70 y 80 para perseguir a los opositores políticos.