2 FEB 08 PDU
Cuando se preveía un acercamiento entre Francisco Casal y el gobierno,
el empresario solicitó a la Justicia que defina si debe o no pagar
ciertos tributos y requirió que en tanto eso se dirime, la DGI no pueda
entablar medida cautelares en su contra.
El pasado 28 de enero, en el barrio Casabó se lanzó el programa Ronda de Momo, del que participaron entre otros el presidente Tabaré Vázquez y el propietario de la empresa Tenfield, Francisco Casal.
El encuentro generó todo tipo de comentarios, también la impresión que la relación entre la actual administración y el principal empresario del deporte pasaban por un muy buen momento.
Sin embargo, Casal mantiene un largo diferendo con la Dirección General Impositiva (DGI), que comenzó en junio de 2002. En la "acción declarativa de certeza", que presentó el lunes ante la Justicia Civil, sostiene que luego de seis años en que la DGI investigó si debía pagar impuesto a la renta por la adquisición de derechos económicos derivados de los derechos federativos, no determinó un criterio aplicable para el cobro del tributo.
Por ello, Casal solicita que sea la Justicia la que determine "cuál es el derecho aplicable en materia fiscal a la actividad de transferencia de los derechos económicos derivados de los derechos federativos sobre deportistas". Los asesores jurídicos de Casal entienden que el único impuesto aplicable a la operativa realizada es el ya derogado Impuesto a la Cesión de Derechos de Deportistas, y no el Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC).
No innovar. En la demanda, la primera de este estilo contra la DGI, Casal pide a la Justicia que ordene una medida de no innovar respecto a la Impositiva, lo que consiste en que este organismo no pueda entablar mientras se dilucida este juicio ninguna medida cautelar en contra del empresario.
Con esto, Casal busca evitar que la DGI embargue o tome otras medidas cautelares contra algunas de sus empresas y afecte de esa forma su operativa.
Para solicitar la medida de no innovar, Casal ofrece a la orden del Juzgado una contracautela de U$S 1 millón "como garantía de cumplimiento de la sentencia que corresponda".
Hoy la DGI y los abogados de Casal conocerán si la Justicia Civil desestima la demanda o le da trámite, en cuyo caso se pueden ordenar ya algunas medidas para cumplir.
fuente: EL PAIS