Más severa que la ley de alcance nacional que también se aprobó recientemente, el reglamento antitabaco de Ciudad de México prohíbe fumar en cualquier espacio público cerrado –restaurantes, bares, cantinas, cafeterías–; oficinas gubernamentales; escuelas, cines, teatros, hoteles. Sus hogares o la vía pública (siempre y cuando sus exhalaciones no lleguen a un espacio público) serán los únicos refugios para los fumadores de la capital mexicana.  

En una entidad tradicionalmente muy tolerante con el humo, la legislación no tiene muy contentos a algunos dueños de locales. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) dice que la medida reducirá hasta en 25% el volumen de venta de sus agremiados. El líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-DF) de la Ciudad de México, Lorenzo Ysasi, piensa diferente, ya que tras consultar con 200 restaurantes “150, después de declararse libres de humo, reportaron un incremento de ventas”.  

Buena o mala para las finanzas de los locales capitalinos, el secretario de Salud Pública de Ciudad de México, Manuel Mondragón, considera que la ley está justificada desde un punto de vista médico y ético. Los fumadores “deben entender que el objetivo es proteger la salud –hasta una oportunidad para que dejen el cigarro–, y no agraviar o lesionar sus derechos individuales”, apunta.

Datos del Ministerio de Salud de México indican que 75% de los habitantes de Ciudad de México no fuman; en escala nacional, 80 millones de mexicanos no están enganchados al cigarro. Eso sí, los no fumadores igual resultan afectados por las exhalaciones de sus contrapartes (alrededor de 20 millones de personas). Lo verdaderamente trágico es que todos pierden: diariamente, 165 mexicanos mueren a causa de una enfermedad relacionada con el tabaquismo (60.000 decesos al año). Además, atender los padecimientos –directos o indirectos– que genera el cigarro, para el sistema de salud mexicano representa un costo anual promedio de más de US$ 2.800 millones. Una cifra que algunos especialistas consideran “muy discreta”, como el Dr. Francisco Javier López, presidente de la Alianza Contra el Tabaco, Asociación Civil, quien en un artículo reciente estimó el costo anual de tan sólo tres enfermedades asociadas (infarto agudo al miocardio, cáncer pulmonar y obstrucción crónica de pulmón) en más de US$ 1.280 millones.

En el fondo, los dueños de restaurantes y establecimientos públicos, que no tienen objeciones en cuanto a cuidar la salud de la clientela, temen por la integridad de sus presupuestos, ya que consideran que medidas previas parecidas, ante el desconocimiento de los detalles de las legislaciones y el endeble seguimiento de las entidades responsables, “se han prestado a que inspectores y autoridades extorsionen, abusen, hostiguen”, dice un agremiado a la Asociación Mexicana de Restaurantes, propietario de una cafetería en la Colonia Roma de Ciudad de México, que solicitó el anonimato. Una preocupación que comparten la Canirac y la Canaco-DF. Según la legislación, una persona puede ser sancionada con una multa que alcanzaría los US$ 70; la penalización para establecimientos puede alcanzar hasta los US$ 1.200 dólares o la clausura.

La iniciativa apenas arranca, pero ya se ganó algo importante: menos humo flotando en los espacios públicos de la capital mexicana.

fuente: América Economía