A pesar de vivir en la capital peruana, el servicio de agua y alcantarillado, en manos del Estado, no tiene presencia en el árido asentamiento humano Pachacutec, ocupado hace menos de una década por miles de pobladores en busca de la propiedad soñada. Junto a ellos, cientos de vecinos deben hacer lo mismo: caminar con sus baldes en mano.

Francisca y su familia son parte de los más de 800.000 peruanos que carecen del servicio de agua y desagüe en la capital peruana, el 10% de su población. El problema es que pronto podrían ser más las personas que vivieran la misma situación. Ubicada en una zona desértica y con una población que se ha cuadruplicado en los últimos 50 años, el caudal de los ríos Rímac, Chillón y Lurín se está haciendo insuficiente, para una ciudad que consume unos 22 metros cúbicos de agua por segundo. “Entre los meses de diciembre y abril las lluvias hacen que el río Rímac se cargue hasta con 50 m3 por segundo. Son los meses de vacas gordas. El agua sobra”, dice Juan Manuel Benites, jefe del Centro de Investigación Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. “Sin embargo, entre mayo y noviembre el caudal baja a 10 m3/s”. Hasta el momento, Sedapal, la administradora estatal del recurso hídrico limeño, enfrenta la época de vacas flacas con el agua que acumula en unos 300 pozos, de los cuales extrae entre 6 y 7 m3/s. El resto del agua (entre 7 y 8 m3/s) viene desde las lagunas ubicadas en las alturas de la sierra, específicamente del departamento de Junín, producto de obras de embalse y de trasvases.

Se trata de un tema complejo: la escasez de agua puede ser el principal obstáculo para el desarrollo de Lima, una ciudad que crece a un gran ritmo, impulsada por el avance de la economía peruana de los últimos años. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, la capital de Perú triplicará su población en los próximos 20 años y consumirá 35 m3/s. Para solucionarlo, las autoridades tienen un plan de inversiones de US$ 1.000 millones para atraer a la ciudad el recurso hídrico desde cualquier parte que esté disponible.?Una de las piezas más importantes de este plan es el proyecto Huascacocha, mejor conocido como Marca IV. El plan es poner cañerías para acarrear agua desde lagunas ubicadas en Cerro de Pasco, emplazadas a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y a una distancia de 315 kms de Lima. Se estima que Huascacocha, que demandará US$ 150 millones, estará listo en tres años y proveerá a Lima entre 2 y 3 m3/s. Un monto de inversión similar requerirá la reactivación del proyecto Marca II, el cual implica traer 6 m3/s de agua desde lagunas ubicadas en Junín, a 180 kms de la capital.

Pero se trata de soluciones de corto plazo. “A mediano y largo plazo se podrían hacer más trasvases desde lagunas de otros departamentos del Perú. Sin embargo, allí Lima no la tiene fácil, pues los gobiernos regionales son cada vez más conscientes de la importancia del agua y se resisten a seguir abasteciendo a Lima a cambio de nada”, dice Benites. “Una solución sería que Lima les pagara por dicho recurso”. Los esfuerzos inmediatos del gobierno de Alan García se dirigen también a mejorar el uso del agua. “De los 22 m3/s de agua potable que se destinan a Lima, sólo llegan 19 m3/s a su destino”, dice el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Enrique Cornejo. “En el camino se pierde el 15% de este recurso, porque tenemos tuberías de una antigüedad de 50 o 60 años, las cuales generan filtraciones importantes. A ello hay que sumar las conexiones clandestinas y el robo de medidores, los cuales ascendieron a 80.000 el año pasado”. Pero no es barato. Renovar sólo las redes de agua del norte de la ciudad (la que más ha crecido en población) significará unos US$ 200 millones.

El tema de las aguas residuales y el medio ambiente también preocupa, especialmente desde fines de marzo, cuando colapsó, producto de dos fuertes sismos, el colector de la Costanera, el cual enviaba el flujo de desagüe de más de 12 distritos de la capital a las playas del limeño, lo cual ocasiona grave contaminación ambiental en el distrito de San Miguel y el Callao. Cornejo anunció que próximamente construirán un espigón de 100 metros de largo en el distrito de La Perla –aledaño a San Miguel–, el cual permitirá colocar un tubo emisor submarino que envíe el flujo de desagüe por debajo del rompiente de olas para que no haya olores ni contaminación inmediata, como temen los vecinos de ese distrito y que pasaba cerca de la Costanera.

Además, en la misma fecha se realizó la convocatoria a un concurso público para la construcción de la planta de tratamiento de agua residual denominada Taboada y que implica una inversión de US$ 300 millones. Esta planta, cuya construcción ya generó el interés de ocho empresas, tratará 14 m3/s de agua y estará lista a inicios de 2011. Una planta similar denominada La Chira, que costará US$150 millones, tratará 7m3/s de aguas servidas. Ello, explica Benites, atenuará el impacto ambiental que genera que los desagües vayan al mar sin tratamiento alguno. Agrega que en el futuro el agua tratada podría, incluso, ser destinada a los cultivos.

Finalmente, en breve se realizará un concurso para la construcción de una planta de tratamiento de aguas en Huachipa. El proyecto, de US$ 150 millones, tratará 5 m3/s de agua paar uso doméstico e industrial en Lima.

Anunciadas las inversiones, queda pendiente el tema del uso deficiente del agua por conexiones clandestinas, riego indiscriminado, fugas en cañerías domésticas y malgasto del recurso por parte de la población, lo cual, según el Ministerio de Economía y Finanzas, ocasiona una pérdida de 38% del recurso que llega a los hogares. La solución para Benites y José Salazar, presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunnas), pasa por incrementar el precio del servicio hídrico. Y es que para ellos no hay mejor remedio para evitar el despilfarro hídrico por parte de los consumidores que tocarles el bolsillo.

Tiene sentido: a los limeños les cuesta 35 centavos de dólar el m3 de agua, la mitad de lo que pagan los santiaguinos y la cuarta parte de lo que se paga por el servicio en las ciudades de países desarrollados. En ese sentido Salazar promueve desde hace tiempo, sin éxito, que los consumidores residenciales paguen un monto adicional para el mantenimiento de la cuenca y otro por las inversiones que realicen las empresas privadas para mejorar la calidad y abastecimiento del servicio.

Aunque hay optimismo con la ejecución de estos planes, hay que esperar qué dice el cambio climático, el que podría secar las lagunas que hoy funcionan como un respirador automático de la sed limeña. Algunos ven la solución en el océano Pacífico. Hace unos meses la empresa coreana Duzan y la japonesa Mitsui se reunieron con el presidente García para presentar dos proyectos que implican la construcción de dos plantas de desalinización de agua de mar, cada una a un costo de US$ 250 millones. Por el momento la propuesta ha sido archivada por los altos costos operativos de la solución. Sin embargo, puede que sea la única alternativa para que en el futuro los limeños no deban terminar todos buscando agua en baldes.


fuente: América Economía