la tarde de ayer para analizar las verdaderas dimensiones de la crisis en que se encuentran las dos empresas.

Según pudo saber CÓDIGO AÉREO, la decisión del magistrado fue tomada con celeridad, pero todavía no habría definido el modelo de intervención, así como el nombre de la persona que se hará cargo y las tareas que desarrollará.

"Sícoli no creía muchos de los números que se anunciaron por los medios, pero el informe del Grupo Marsans lo hizo dudar si debe intervenir la empresa o mandarla a quiebra. En principio, como todas las partes -salvo los españoles- pidieron que se interviniera la compañía, se descartó ordenar el cese de operaciones", sostuvo una fuente del Poder Judicial.

Según explicaron "tampoco se puede dejar sin vuelos a la Argentina. Esa fue otra de las consideraciones que hizo el Juez. Sin embargo, analiza las tareas que deberá desarrollar el interventor o si deja espacio para un acuerdo entre el Grupo Marsans y el Gobierno. Además, está considerando las medidas cautelares que se deben tener en cuenta para poder asegurar la supervivencia de la empresa".

Hoy, el Grupo Marsans anunció que Por la noche, la compañía reconoció en un comunicado que el pasivo conjunto de Aerolíneas Argentinas y Austral asciende a unos 890 millones de dólares, de los cuales 220 millones corresponde a "deuda exigible" al 30 de junio pasado.

Argumentan los españoles que "los niveles de pasivo, comparados con los niveles de facturación, son menores al 65 por ciento, lo que demuestra que el estado contable de dichas compañías son similares a cualquier situación económica financiera de otras empresas del sector aerocomercial", dijo la empresa en el comunicado.

 A decir verdad, con facturación por 1.100 millones de dólares y un costo de sueldos y salarios por menos de 150 millones de dólares, la empresa está lejos de ser considerada "inviable". Pero, sin duda, tiene un pasivo de corto plazo y una falta de liquidez que debe solucionarse en el corto plazo.

Cuando se dijo que Juan Carlos López Mena tenía intenciones de ingresar a Aerolíneas Argentinas e inyectaría 100 millones de dólares, hoy se considera que esa cifra debería ser dos veces superior para poder asegurar pagar los pasivos de corto plazo más importantes y adquirir partes que permitan hacer volar al 90% de la flota.

Con estos números a la vista, el juez Sícoli duda sobre los pasos para dar, pero las presiones políticas son muy fuertes, se asegura en fuentes tribunalicias. Por eso, si la política acerca un acuerdo entre el Grupo Marsans y el Estado, la solución sería más sencilla.