Ni siquiera es relevante saber de quien es la culpa o la responsabilidad de los incovenientes coyunturales.

Para ser bien gráficos, digamos que lo que ocurre con el conflicto de los controladores, cuando afecta por demora el eterrizaje de un avión, es comparable a que invitemos amigos a nuestra casa, que vengan a visitarnos y cuando aparecen en nuestra cuadra comenzamos a ponerles obstáculos, vallas y cuando finalmente llegan y tocan el timbre, hagamos como que no oímos y no abramos la puerta hasta que se nos antoje.

La operatividad de una terminal aérea en nada se parece a otra cosa; más allá que las maniobras dilatorias orquestadas por los controladores provocan fastidio, enojo y supuestamente, de algún modo, aumentan los riesgos de siniestralidad, hay un rubro en el que inciden y sobre eso, no hay dos opiniones: el gasto de combustible y por ende, la economía de las aerolíneas.

Sin inmiscuirnos ni de costado en los derechos constitucionales que les asiste a los trabajadores, decimos que la situación actual del Aeropuerto Internacional de Carrasco de cara a las aerolíneas que allí operan es muy preocupante.

El Aeropuerto es ni más ni menos, la puerta de entrada del turismo y del relacionamiento en general, de nuestro país con el mundo.

No podemos, como nación, ser tan inoperantes, tan dramáticamente tortuguescos para actuar.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, debe tomar al toro por los cuernos y definir esta situación.

Lo mejor sería, que fuese mediante una exitosa negociación con los trabajadores, que todos sean felices y coman perdices pero, LO QUE DE MANERA URGENTE DEBE OCURRIR ES QUE NO HAYA MÁS MEDIDAS QUE AFECTEN LA OPERACIÓN.

No solamente hay que arreglar el tema de los salarios, debe resolverse también el del equipamiento y las condiciones laborales de los controladores.

Desde nuestro punto de vista no es necesario un decreto presidencial: LA FUNCIÓN DEL CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO es esencial, se mire por donde se mire, guste o no guste.

El Aeropuerto Internacional de Carrasco no debe demorar el arribo de ninguna aeronave más.

Lo decimos con la absoluta convicción que tienen las cosas juzgadas: hay que solucionar el conflicto de la mejor manera en primera instancia pero, si no hay acuerdo, si no hay convenio posible, si el Estado entiende que a los controladores no les asiste razón y que tampoco hay que comprar radares nuevos y dotar de mejor tecnología a la función, ahí mismo, debe separarse la cuestión y hacer que el conflicto siga o se solucione dentro de los plazos que requieran las reivindicaciones y las razones de unos y otros pero, "el show debe continuar", alguien debe ejercer el control del cielo del Uruguay.

Una vez más nos detenemos en el tema de la política de Estado y en las responsabilidades difusas.

Debería existir en nuestra estructura de país de turismo, algún organismo, comisión o tribunal que actùe de modo automático para tratar con solvencia estos problemas.

A esta altura de los acontecimientos no es admisible que aún esté sin resolverse el reclamo de los controladores aéreos.

Reiteramos la posición: no tenemos elementos a nuestro alcance para determinar si las reivindicaciones son justas, si las carencias  en los radares y en la tecnología son reales y si todo el reclamo es válido, además, ese no es el punto de este razonamiento, la cuestión pasa por la eficiencia de los servicios y la seriedad, ante el mundo exterior, de Uruguay como nación.

Estamos contribuyendo a que el mundo siga indicando a nuestra región como zona de riesgo; sabidos son los inconvenientes que en el rubro control de los cielos presentan países vecinos como Argentina y Brasil y si a ello le agregamos los que suma Uruguay, le estamos diciendo a las aerolíneas que operan por aqui: "no nos preocupan vuestros intereses, lo realmente importante son nuestras reivindicaciones internas".

Alguien debe intervenir y ese alguien, sin dudas, son las autoridades nacionales. Nos vemos.