La reapertura de las investigaciones se produce ante un pedido del fiscal, lo que derivaría en la imputación de delitos al firmante del contrato, Juan Gurbindo Gutierres, junto a Pablo Garolera Masso (vicepresidente) y al director Juan Masso Farolera.

Según trascendió la privatización de Aerolíneas Argentinas (ARSA), por parte del gobierno Aznar a la empresa Marsans, con un obsequio añadido de 758 millones de dólares, dió un vuelco tras recibirse en el Juzgado número 35 de Madrid, el informe de la Fiscalía Anticorrupción.

El juzgado solicita ahora que se impute a tres directores de la SEPI, el organismo a través del cual se realizó el traspaso de Aerolíneas Argetinas  a Gerardo Díaz Ferrán, hoy presidente de la CEOE; y su socio, Gonzalo Pascual.
Hasta el momento la SEPI se había mostrado remisa a proporcionar información sobre el contrato de venta de ARSA, ante lo cual el Juzgado remitió las gravísimas acusaciones contra Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual a la Fiscalía anticorrupción y ésta ha decidido que se cite a tres directores de la SEPI en calidad de imputados.


El fiscal considera que el proceso Aerolíneas puede resultar una gravísima defraudación que incluso "pudiera producir una grave repercusión en la economía española", por lo que señaló que lo más aconsejable sería continuar con las actuaciones ante un Juzgado Central de Instrucción.

Además entiende que la SEPI es sospechosa de connivencia en el presunto delito, por lo cual solicitó y obtuvo "la reanudación de la instrucción del caso Aerolíneas Argentinas justo en el momento en que el Gobierno argentino pretende expulsar a Marsans, que ha convertido el tráfico aéreo en el país en un verdadero caos".
 


Redacción Portal del Uruguay
www.portaldeluruguay.com