Los empresarios españoles le habían advertido al gobierno que iniciarán una demanda ante un tribunal arbitral del Banco Mundial si no llegan a un acuerdo.
 
La medida fue tomada, para garantizar el normal funcionamiento de las empresas. EDespués de la reunión del directorio de Marsans, el pasado martes, el grupo español quiso nombrar gerente adjunto a uno de sus directivos, Jorge Molina, con las mismas facultades que el gerente general impuesto por el Gobierno, Julio Alak.

El Secretario de Turismo argentino señaló que, tras la intervención, Alak se mantiene como gerente general y se ha designado al funcionario de la Secretaría de Transportes, José Luis Perrone, como veedor para observar por el correcto funcionamiento de la empresa.

Desde el grupo Marsans expresaron que se trata de una estrategia de un comprador con poder "que quiere confiscar una empresa en vez de pagar por ella", a la vez que informaron que se continuará adelante con la demanada de arbitraje.

El director financiero de la compañía y directivo de Marsans, Vicente Muñoz, expresó que el Estado argentino toma decisiones como si la compañía ya le perteneciera. "La presidenta Cristina Kirchner tomó un avión de la compañía para ir a la reunión del G-20 y luego para seguir con su gira por África, sin considerar a los pasajeros que tenían que volar a Australia. No entendemos qué quieren. Esto es un expolio, una confiscación. Quieren llevarse la compañía sin pagarnos nada y vamos a defender nuestros intereses."

Hoy lunes se llevará al Congreso el proyecto de ley impulsado por el oficialismo y apoyado por gran parte de la oposición para expropiar a Marsans las dos compañías aéreas, Aerolíneas Argentinas Austral, confirmaron fuentes parlamentarias argentinas que atribuyen esta iniciativa al hecho de “haber fracasado las negociaciones entre el Estado argentino y Marsans”.

Se trata de un proyecto de ley de siete artículos que considera que Aerolíneas Argentinas y Austral, que concentran el 80% del mercado aéreo doméstico, deben ser declaradas de interés público y que, sin embargo, su continuidad corre peligro.

El proyecto dice que continúa con "el plan de salvamento" de Aerolíneas Argentinas y Austral, que se puso en marcha con la sanción de la ley 24.612 por la cual el Congreso habilitó la compra de las dos empresas, pero se reservó la autorización del precio de la transacción. En tal sentido, el proyecto considera válida la valoración de la situación patrimonial de las empresas realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que estableció un precio negativo de las dos empresas de unos 800 millones de dólares y propone la expropiación de ambas compañías por el valor simbólico de un peso.

Redacción POrtal del Uruguay
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