La República como es sabido, significa división de poderes, publicidad de los actos de gobierno y periodicidad en la renovación de los cargos públicos.

La República representativa, como dice nuestra constitución o también llamada democrática agrega un nuevo condimento que es la participación ciudadana en la elección de los gobernantes.

Esto tiene un significado que debemos resaltar y es que en los regimenes políticos modernos el pueblo gobierna y delibera a través de sus representantes y quien viole esta norma comete el delito de sedición.

En varios países este principio-garantía de gobernabilidad está quedando en letra muerta, se convirtió en una mera hoja de papel como diría Ferdinand de Lasalle.

Una consecuencia inmediata es la pérdida de protagonismo de los partidos políticos y la aparición circunstancial de grupos y asociaciones, muchas veces sectoriales como los gremios, tanto de trabajadores, estudiantes como de empresarios, que van invadiendo y apropiándose del ámbito de la política.

El partido político debería ser un mediador entre el gobierno y la ciudadanía, el pueblo con capacidad para elegir y ser elegido, y en los hechos estamos asistiendo a la aparición de representaciones corporativas a veces informales que relegan la preeminencia del bien común por la del bien particular o quizás mejor dicho por el interés particular.

Pierre Rosanvallon dice que “…mientras los partidos se erosionan, se desarrollan los grupos de interpelación…” que se consideran representantes legítimos, sin haber sido, en muchos casos, elegidos orgánica o institucionalmente, y que reclaman y pugnan generalmente por imponer propuestas absolutas.

Un caso emblemático que vivimos argentinos y uruguayos es el corte del puente que desune Fray Bentos con Gualeguaychú, protagonizado por una asamblea absolutamente informal, sin ningún tipo de reglas ni procedimientos que de hecho ejerce actos de gobierno arrogándose los derechos del pueblo y ya no peticionando en su nombre sino ejecutando en su nombre, como es el de interrumpir el tránsito en una vía pública.

Este hecho constituye una suerte de sedición sin que las instituciones republicanas hayan intentado ejercer sus legítimas atribuciones y garantizar el libre tránsito como lo dispone el artículo 14 de la Constitución.

En la Argentina es una cuestión diaria la presencia de estos grupos sea ocupando la vía pública para presionar a los representantes libremente elegidos o establecimientos privados para presionar a sus legítimos dueños a fin de imponer sus intereses.

La metodología es la misma en los dos casos y recibe el nombre de “apriete”.

Decía al principio que la República es imperfecta porque la constitución no garantiza el ejercicio de derechos absolutos sino “…conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio…”. Esta limitación es fruto de la más pura lógica ya que si los derechos fueran absolutos, no habría derecho alguno.

Esta limitación implica también la obligación de legislar creando instituciones hábiles para resolver los conflictos colectivos que pudieran afectar el bien común o el mínimo de orden público necesario para poder convivir de modo armonioso.

La República como institución tiene la finalidad de garantizar el ejercicio normal o regular de los derechos y no debe amparar bajo ninguna forma  su “…ejercicio abusivo….Se considerará tal al que contraríe los fines que (la ley) tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres” como reza el código civil argentino.

La mera observación de la realidad nos muestra que esta finalidad esencial de la República no se cumple. Interrupciones arbitrarias de la libre circulación, paros sorpresivos que suspenden la prestación de servicios públicos, delegación permanente de facultades y a veces de hasta atribuciones como la de poder modificar el presupuesto de la nación por un mero decreto, entre otros de los abusos que vivimos diariamente nos muestran que nuestra republica es imperfecta.

Estos abusos tampoco son patrimonio de la Argentina ocurren en otros países de la región y de los otros continentes y ponen en evidencia que la dirigencia política carece de idoneidad para administrar a los estados y de vocación para resolver los problemas de la gente.

Natalio Botana escribía en el diario La Nación que “…La razón pública de los representantes aplicada a resolver problemas: eso es lo que falta…” y lo que explica la aparición de estos grupos de interpelación que tienen la enorme capacidad de bloquear el ejercicio legítimo del poder del estado y en caso de confrontación la legitimidad del uso de la violencia le pertenece.

También nuestra democracia se muestra incompleta precisamente al haberse “erosionado” como lo decía Rosanvallon, la actividad de los partidos políticos.

La vida interna de los partidos políticos debería ser un ejemplo de comportamiento institucional especialmente en la selección de sus representantes mediante la competencia electoral interna abierta a toda la ciudadanía. Esa ejemplaridad luego se trasladaría a la republica en caso que obtenga el favor de la ciudadanía.

Las campañas deberían ser exclusivamente financiadas con fondos públicos de modo que las contribuciones privadas o las fortunas de los propios candidatos como ocurre con de Narváez en la Provincia de Buenos Aires o Piñera en Chile no incidan en la posterior selección política por parte de la ciudadanía.

No se debe confundir el poderío que surge del apoyo económico con la idoneidad que deben exhibir los postulantes.

En una palabra la política que tiene como finalidad el manejo del estado debe financiarse por el propio estado, para lo cual deben afectarse los fondos necesarios en los diferentes presupuestos.

La igualdad de posibilidades de los postulantes es una de las garantías que necesita la democracia para fortalecer el funcionamiento de la República y sobre todo para fortalecer su autoridad como sinónimo de ejemplaridad y certeza.

Personalmente advierto que en la mayoría de los países constituye un despropósito las sumas millonarias que se gastan en las campañas electorales cuando en el seno de las sociedades hay miles de personas que carecen de los servicios indispensables mínimos para vivir.

El desencanto que provocan en la gente la atrofia permanente de la salud republicana y las falencias cada día mayores del funcionamiento democrático genera estas coaliciones negativas que solo tienen por objetivo ejercer una oposición sistémica y diría primitiva o meramente dialéctica.

Estas coaliciones suelen estar lideradas por nostálgicos, oportunistas, descontentos que pretenden actuar en nombre de una genuina rebeldía. El rebelde tiene una mística, un compromiso moral y una ética militante, los otros solo pueden ofrecer la estrechez de su espíritu, la mezquindad de sus intereses espurios y la miseria de su ambición.

La dimensión de estas coaliciones negativas o grupos de interpelación son inversamente proporcionales a la calidad de la democracia.

Reconozco que siempre las instituciones humanas serán imperfectas pero si no apostamos a su mejoramiento serán peores.